La Justicia Federal se declaró competente para entender en la demanda que la Provincia interpuso contra Hidroeléctrica Tucumán SA, concesionaria del Complejo de Aprovechamiento Hidroeléctrico Celestino Gelsi. A la vez, según admitió la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Vals, se abrieron canales de diálogo informales con la empresa para la devolución de los fondos que el Gobierno invirtió en las obras de reparación de la represa.

Tal como dio a conocer LA GACETA el 9 de este mes, el Gobierno pretende que la firma pague el monto total de lo que debió erogar el Estado para reparar la presa lateral N° 3 del dique, que presentaba grietas de importancia. Con ese propósito, se presentó un escrito en el Juzgado Federal N° 1, a cargo del juez José Manuel Díaz Vélez. La semana pasada, el magistrado se declaró competente para abordar el caso.

La demanda precisa una cifra exacta de $ 936.660.939,57, más los intereses a tasa activa desde el momento del pago efectuado por la Provincia. Debido a ello, el planteo incluye el pedido de que se trabe embargo preventivo a la firma sobre el dinero que recibe de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa), que es una intermediaria en relación a los servicios que presta y que a su vez le paga la empresa hidroeléctrica.

“(El monto) constituye la suma de dinero que erogó la Provincia para la ejecución de obra y reparación de urgencia de la presa lateral N°3, la cual fue atendida en razón de la omisión en hacerla por parte de la demandada”, dice el texto de la demanda.

Ahora, la fiscal de Estado confirmó que será la Justicia Federal la que resuelva el planteo. Además, confirmó que hubo conversaciones con la empresa. “Han estado en la fiscalía sus abogados y representantes, buscando alternativas a la eventual cautelar, que ya, por supuesto, ven venir, y hemos quedado en que cualquier propuesta debe ser hecha con seriedad, con fundamento y sujeta a que el gobernador la evalúe y la acepte”, expresó la funcionaria.

“La idea es recuperar el dinero a través del embargo, el dinero que la provincia invirtió y así recuperar lo que gastamos, pero la obra sigue necesitando ser actualizada y completada. Y hoy estamos sacando, como yo a la gente de la empresa le digo, estamos sacando dinero de los maestros, de los policías y de los hospitales para atender una obra. Es importantísima, sí, pero que le correspondía hacerla a la concesionaria. Muchos años de inacción, tantos documentos que nunca contestaron nos llevaron a este camino. Estamos muy esperanzados en tener a corto plazo una cautelar y recuperar nuestro dinero y darle el destino que merece la comunidad tucumana, y eventualmente continuar reparando la obra que El Cadillal todavía necesita”, ratificó la fiscal de Estado.

El escrito del Poder Ejecutivo 

En la demanda, el Poder Ejecutivo recordó que “por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Nº 1/8 del 17 de enero de 2023 se autorizó la reparación del dique El Cadillal, de manera que la Provincia asumió los trabajos, previa contratación en forma directa y cotejo de precios. El artículo 4º del DNU expresa: ‘El Poder Ejecutivo realizará todos los trámites y acciones tendientes al recupero de los fondos invertidos ante la empresa Hidroeléctrica de Tucumán SA y/o ante quien corresponda y al reclamo de los daños y perjuicios que pudiera generarse”, dice el texto.

Más abajo se recuerda que aquella empresa tiene la explotación de la concesión por 30 años, desde el 3 de julio de 1996. “Específicamente, en cuanto a las obras y obligaciones de seguridad asumidas por el concesionario, le correspondía la seguridad de presas embalses y obras auxiliares según el contrato de concesión. Por eso resultaba deber incuestionable de la concesionaria preservar la indemnidad de las personas y bienes del cocontratante durante la ejecución del contrato respecto de los bienes cuidando el estado de uso, conservación y mantenimiento de estos”, detalla el planteo.

Como se recordará, los trabajos de reparación comenzaron el 16 de marzo de 2023 y se cortaron abruptamente el 20 de octubre tras la finalización del plazo original establecido en el contrato con la Unión Transitoria de Empresas Sabavisa S.A y Mercovial S.A. En ese lapso, las tareas de reparación de la presa lateral N°3 se paralizaron al 50%. “El total de pozos programados en la cortina de inyecciones monolineal prevista en esta etapa es de 78, varios de ellos parcialmente efectuados, y de los cuales han finalizado 39”, se especificó en un informe de los auditores externos contratados para la supervisión de los trabajos.

Debido a que las obras no fueron culminadas, el Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep), no permite que la cota del dique no supere los 604 metros sobre el nivel del mar, pese a que la cota máxima es de 614 metros.

Sin riesgo de colapso: el PE garantiza la seguridad de la presa

A fines del mes pasado, en el marco de un encuentro informativo en la Legislatura, el ministro de Obras Públicas de la provincia, Santiago Yanotti, había destacado que si bien los trabajos de reparación se habían ejecutado por la totalidad del contrato, resultaba necesario hacer trabajos complementarios. En la ocasión, Yanotti había puntualizado que hubo buenos resultados con los trabajos, pero había admitido que al finalizar se detectó que aún se veían filtraciones, y que a raíz de ello se debía continuar con las tareas. No obstante, había rechazado que exista peligro.